Precios de Transferencia en Nicaragua.

En Nicaragua, el precio de transferencia, que se refiere a los precios entre partes relacionadas, tiene un impacto en la determinación de la base imponible y puede generar ajustes por parte de la Administración Tributaria si no se cumple con el principio de plena competencia. Esto puede resultar en multas y sanciones. 

Impacto de los Precios de Transferencia en Nicaragua

• Regulación:

La Ley de Concertación Tributaria de Nicaragua regula los precios de transferencia, aplicándose a operaciones entre partes relacionadas residentes y no residentes, incluyendo empresas en zonas francas. 

• Principio de Plena Competencia:

Las operaciones entre partes relacionadas deben valorarse como si estuvieran realizadas entre partes independientes en condiciones de libre competencia. 

• Ajustes:

La Administración Tributaria puede realizar ajustes a los precios de transferencia si considera que no se ha aplicado el principio de plena competencia, lo que puede afectar la base imponible y el pago de impuestos. 

• Penalidades:

Si se detectan ajustes de precios de transferencia, se pueden aplicar penalidades, como multas que pueden llegar al 25% del ajuste. 

• Estudios de Precios de Transferencia:

Para justificar la razonabilidad de los precios y demostrar el cumplimiento del principio de plena competencia, se recomienda realizar estudios de precios de transferencia. 

• Evidencia y Análisis:

Los estudios deben proporcionar evidencia y análisis que respalden la aplicación del principio de plena competencia. 

• Zona Franca:

Las operaciones en zonas francas también están sujetas a la regulación de precios de transferencia. 

• Importaciones:

La reforma de la Ley de Concertación Tributaria ha incorporado un “Sexto Método” para el cálculo de precios de transferencia en importaciones. 

• Acuerdos de Precios Anticipados (APA):

Los APA pueden ser una alternativa para simplificar la validación del cumplimiento con el principio de valor de mercado. 

En resumen, el precio de transferencia en Nicaragua es un tema importante que debe ser considerado para evitar ajustes, penalidades y garantizar el cumplimiento de la normativa tributaria. 

Los precios de transferencia se refieren a aquellos montos fijados entre partes relacionadas para la transmisión de bienes tangibles e intangibles o servicios. El principio rector de estos es el “Principio de Libre Competencia”, esto significa que los precios pactados entre partes relacionados no pueden diferir de aquellos pactados por empresas independientes en operaciones y circunstancias similares.

El ordenamiento jurídico nicaragüense regula los precios de transferencia en la Ley de Concertación Tributaria, siendo aplicable en aquellas operaciones efectuadas entre partes relacionadas residentes y no residentes, incluyendo a las empresas que operan bajo el régimen especial de zona franca. Existen varios criterios por medio de los cuales se determina si se tratan de empresas relacionadas, tales como:

1. La participación accionaria común;
   1. Derechos de voto;
   1. Capacidad de decisión sobre las empresas;
   1. Relaciones de parentesco;
   1. Asociación empresarial.

Es importante destacar que la legislación fiscal vigente establece la obligación a los contribuyentes de contar con la información, documentos y análisis suficientes para valorar sus operaciones con partes relacionadas al momento de la presentación de su declaración anual del impuesto sobre la renta. En este sentido, la Dirección General de Ingresos (DGI) podrá solicitar en cualquier momento a los contribuyentes su estudio actualizado de precios de transferencias y todos los documentos soporte relacionados con las transacciones con sus empresas relacionadas; en caso de no cumplir con esto, el contribuyente se estará exponiendo a sanciones y reparos fiscales, por lo que, es importante revisar la disponibilidad de esta información y documentación, así como la vigencia de los estudios de precios de transferencia.

LEY DE CONCERTACION TRIBUTARIA No. 822

Capítulo V Precios de Transferencia  

Art. 93 Regla general.  

Las operaciones que se realicen entre partes relacionadas, así como las  adquisiciones o transmisiones gratuitas, serán valoradas de acuerdo con el  principio de libre competencia.  

Art. 94 Partes relacionadas.  

1. A los efectos de esta ley, dos personas se consideran partes  relacionadas: 

a. Cuando una de ellas dirija o controle a la otra, o posea, directa  o indirectamente, al menos el cuarenta por ciento (40%) de su  capital social o de sus derechos de voto;  

b. Cuando cinco o menos personas dirijan o controlen a estas dos  personas, o posean en su conjunto, directa o indirectamente, al  menos el cuarenta por ciento (40%) de participación en el  capital social o los derechos de voto de ambas personas; y  

c. Cuando sean sociedades que pertenezcan a una misma unidad  de decisión. Se entenderá que, dos sociedades forman parte de  la misma unidad de decisión si una de ellas es socio o partícipe  de la otra y se encuentra en relación con ésta en alguna de las  siguientes situaciones:  

i. Posea la mayoría de los derechos de voto;  

ii. Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de  los miembros del órgano de administración;  

iii. Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con  otros socios, de la mayoría de los derechos de voto;  

iv. Haya designado exclusivamente con sus votos a la  mayoría de los miembros del órgano de administración; y  

v. La mayoría de los miembros del órgano de administración  de la sociedad dominada sean miembros del órgano de administración o altos directivos de la sociedad dominante  o de otra dominada por ésta.  

Cuando dos sociedades formen parte cada una de ellas de una  unidad de decisión respecto de una tercera sociedad de  acuerdo con lo dispuesto en este literal “c”, todas estas  sociedades integrarán una unidad de decisión.  

2. A los efectos del numeral 1, también se considera que una persona  física posee una participación en el capital social o derechos de voto  cuando la titularidad de la participación, directa o indirectamente,  corresponde al cónyuge o persona unida por relación de parentesco,  en línea directa o colateral, por consanguinidad hasta el cuarto grado  o por afinidad hasta el segundo grado.  

3. También se considerarán partes relacionadas: 

a. En un contrato de colaboración empresarial o un contrato de  asociación en participación cuando alguno de los contratantes o  

asociados participe directa o indirectamente en más del  

cuarenta por ciento (40%) en el resultado o utilidad del contrato  

o de las actividades derivadas de la asociación;  

b. Una persona residente en el país y un distribuidor o agente  exclusivo de la misma residente en el extranjero;  

c. Un distribuidor o agente exclusivo residente en el país de una  entidad residente en el exterior y esta última;  

d. Una persona residente en el país y sus establecimientos  permanentes en el extranjero; y  

e. Un establecimiento permanente situado en el país y su casa  matriz residente en el exterior u otro establecimiento  

permanente de la misma o una persona con ella relacionada.  

Art. 95 Ámbito objetivo de aplicación.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 96 de la presente Ley, las  disposiciones de este capítulo alcanzan cualquier operación que se realice  entre partes relacionadas, entre un residente y un no residente, y entre un  residente y aquellos que operen en régimen de zona franca, y tengan  efectos en la determinación de la renta imponible del periodo fiscal en que  se realiza la operación o en los siguientes.  

Art. 96 Principio de libre competencia.  

Las operaciones que se realicen entre partes relacionadas se valorarán por  el precio o monto que habrían acordado partes independientes en  operaciones comparables en condiciones de libre competencia, incluso  cuando las mismas deriven de rentas de capital y ganancias y pérdidas del  capital. El valor así determinado, deberá reflejarse en los libros y registros  contables del contribuyente.  

Art. 97 Facultades de la Administración Tributaria. 

La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades:  

1. Comprobar que las operaciones realizadas entre partes relacionadas  se han valorado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior y  efectuar los ajustes correspondientes cuando la valoración acordada  entre las partes resultare en una menor tributación en el país o un  diferimiento en el pago del impuesto. Los ajustes así determinados  serán debidamente justificados y notificados al contribuyente y los mismos serán recurribles dentro de los plazos establecidos en el  Código Tributario.  

2. Quedar vinculada por el valor ajustado en relación con el resto de  partes relacionadas residentes en el país; y  

3. En el caso de importaciones de mercancías, comprobar  conjuntamente con la Administración Aduanera el valor de  transacción, manteniendo cada una sus respectivas competencias.  

Art. 98 Principio de la realidad económica.  

La Administración Tributaria respetará las operaciones efectuadas por el  contribuyente; sin embargo queda facultada para recalificar la operación  atendiendo a su verdadera naturaleza si probara que la realidad económica  de la operación difiere de la forma jurídica adoptada por el contribuyente o  que los acuerdos relativos a una operación, valorados globalmente, difieren  sustancialmente de los que hubieren adoptado empresas independientes,  y/o que la estructura de aquella, tal como se presentan impide a la  Administración Tributaria determinar el precio de transferencia apropiado. 

Art. 99 Análisis de comparabilidad.  

A los efectos de determinar el precio o monto que se habrían acordado en  operaciones comparables partes independientes en condiciones de libre  competencia, se compararán las condiciones de las operaciones entre  personas relacionadas con otras operaciones comparables realizadas entre  partes independientes. Sólo se podrán comparar entre actividades similares  y al mismo nivel que se realizaron.  

Toda la información suministrada por el contribuyente, deberá ser  catalogada como confidencial a la hora de que la Administración Tributaria  lleve a cabo dichos estudios y será manejada como tal para todos los  efectos.  

Dos o más operaciones son comparables cuando no existan entre ellas  diferencias económicas del sector al que pertenezcan, o de negocios  internos o externos significativos que afecten al precio del bien o servicio o  al margen de la operación o, cuando existiendo dichas diferencias, puedan  eliminarse mediante ajustes razonables debidamente justificados.  

Para determinar si dos o más operaciones son comparables se tendrán  respectivamente en cuenta los siguientes factores en la medida que sean  económicamente relevantes:  

a. Las características específicas de los bienes o servicios objeto de la  operación; 

b. Las funciones asumidas por las partes en relación con las  operaciones objeto de análisis identificando los riesgos asumidos,  tales como el riesgo crediticios y ponderando, en su caso, los activos  utilizados;  

c. Los términos contractuales de los que, en su caso, se deriven las  operaciones teniendo en cuenta las responsabilidades, riesgos y  beneficios asumidos por cada parte contratante;  

d. Las características de los mercados de cada una de las partes, de las  partes de unidad de decisión u otros factores económicos que puedan  afectar a las operaciones; tales como factores internos y externos que  afecten el negocio, condiciones de crédito, condiciones de envío,  factores políticos, incentivos a la exportación, tratados de doble  imposición, necesidades de permanencia en el mercado y/o local y  otros afines; y  

e. Las estrategias comerciales, tales como las políticas de penetración,  estrategias de ventas, permanencia o ampliación de mercados así  como cualquier otra circunstancia que pueda ser relevante en cada  caso concreto.  

El análisis de comparabilidad así determinado y la información sobre las  operaciones comparables constituyen los factores que, de acuerdo con lo  dispuesto en el artículo siguiente, determinarán el método de valoración  más adecuado en cada caso.  

Si el contribuyente realiza varias operaciones de idéntica naturaleza y en  las mismas circunstancias, podrá agruparlas para efectuar el análisis de  comparabilidad siempre que con dicha agrupación se respete el principio  de libre competencia. También podrán agruparse dos o más operaciones  distintas cuando se encuentren tan estrechamente ligadas entre sí o sean  tan continúas que no puedan ser valoradas adecuadamente de forma  independiente.  

Art. 100 Métodos para aplicar el principio de libre competencia.  1. Para la determinación del valor de las operaciones en condiciones de  libre competencia o valor de mercado, se aplicará alguno de los  siguientes métodos:  

a. Método del precio comparable no controlado: consiste en  valorar el precio del bien o servicio en una operación entre  

personas relacionadas al precio del bien o servicio idéntico o de  

características similares en una operación entre personas 

independientes en circunstancias comparables, efectuando, si  fuera preciso, las correcciones necesarias para obtener la  equivalencia, considerando las particularidades de la operación;  

b. Método del costo adicionado: consiste en incrementar el valor  de adquisición o costo de producción de un bien o servicio en el  margen habitual que obtenga el contribuyente en operaciones  idénticas o similares con personas o entidades independientes  o, en su defecto, en el margen que personas o entidades  independientes aplican a operaciones comparables efectuando,  si fuera preciso, las correcciones necesarias para obtener la  equivalencia considerando las particularidades de la operación.  Se considera margen habitual el porcentaje que represente la  utilidad bruta respecto de los costos de venta;  

c. Método del precio de reventa: consiste en sustraer del precio de  venta de un bien o servicio el margen que aplica el propio  revendedor en operaciones idénticas o similares con personas o  entidades independientes o, en su defecto, el margen que  personas o entidades independientes aplican a operaciones  comparables, efectuando, si fuera preciso, las correcciones  necesarias para obtener la equivalencia considerando las  particularidades de la operación. Se considera margen habitual  el porcentaje que represente la utilidad bruta respecto de las  ventas netas.  

2. Cuando, debido a la complejidad de las operaciones o a la falta de  información no puedan aplicarse adecuadamente alguno de los  métodos del numeral 1, se aplicará alguno de los métodos descritos  en este numeral.  

a. Método de la partición de utilidades: consiste en asignar, a cada  parte relacionada que realice de forma conjunta una o varias  operaciones, la parte del resultado común derivado de dicha  operación u operaciones. Esta asignación se hará en función de  un criterio que refleje adecuadamente las condiciones que  habrían suscrito personas o entidades independientes en  circunstancias similares. Para la selección del criterio más  adecuado, se podrán considerar los activos, ventas, gastos,  costos específicos u otra variable que refleje adecuadamente lo  dispuesto en este párrafo.  

Cuando sea posible asignar, de acuerdo con alguno de los  métodos anteriores una utilidad mínima a cada parte en base a  las funciones realizadas, el método de partición de utilidades se 

aplicará sobre la base de la utilidad residual conjunta que  resulte una vez efectuada esta primera asignación. La utilidad  residual se asignará en atención a un criterio que refleje  

adecuadamente las condiciones que habrían suscrito personas independientes en circunstancias similares teniendo en cuenta  lo dispuesto en el párrafo anterior.  

b. Método del margen neto de la transacción: consiste en atribuir a  las operaciones realizadas con una persona relacionada el margen neto que el contribuyente o, en su defecto, terceros  

habrían obtenido en operaciones idénticas o similares  realizadas entre partes independientes, efectuando, cuando sea  preciso, las correcciones necesarias para obtener la  equivalencia y considerar las particularidades de las  operaciones. El margen neto se calculará sobre costos, ventas  o la variable que resulte más adecuada en función de las  características de las operaciones.  

3. Se aplicará el método más adecuado que respete el principio de libre  competencia, en función de lo dispuesto en este artículo y de las  circunstancias específicas del caso.  

Art. 101 Tratamiento específico aplicable a servicios entre partes relacionadas.  Los gastos en concepto de servicios recibidos de una persona relacionada,  tales como los servicios de dirección, legales, o contables, financieros,  técnicos o cualesquiera otros se valorarán de acuerdo con los criterios  establecidos en este capítulo. La deducción de dichos gastos estará  condicionada, además de no deducibilidad de costos o gastos establecidos  en el artículo 43 de la presente Ley, cuando sean procedentes, o que los  servicios prestados sean efectivos y produzcan o puedan producir una  ventaja o utilidad a su destinatario.  

Cuando se trate de servicios prestados conjuntamente en favor de varias  personas relacionadas, y siempre que sea posible la individualización del  servicio recibido o la cuantificación de los elementos determinantes de su  remuneración, se imputará en forma directa el cargo al destinatario. Si no  fuera posible la individualización, la contraprestación total se distribuirá  entre los beneficiarios de acuerdo con reglas de reparto que atiendan a  criterios de proporcionalidad. Se entenderá cumplido este criterio cuando el  método de reparto se base en una variable que tenga en cuenta la  naturaleza del servicio, las circunstancias en que éste se preste así como  los beneficios obtenidos o susceptibles de ser obtenidos por los  destinatarios. 

Art. 102 Acuerdos de precios por anticipado.  

Con el fin de determinar la valoración de las operaciones entre personas  relacionadas con carácter previo a su realización, la Administración  Tributaria podrá establecer un procedimiento para solicitar un Acuerdo de  Precios por Anticipado (APA), conforme las normas siguientes:  

1. Los contribuyentes podrán solicitar a la Administración Tributaria que  determine la valoración de las operaciones entre personas  relacionadas con carácter previo a la realización de éstas. Dicha  solicitud se acompañará de una propuesta del contribuyente que se  fundamentará en el valor que habrían convenido partes  independientes en operaciones similares;  

2. Será competente para resolver este procedimiento la unidad  especializada de precios de transferencia;  

3. La Administración Tributaria podrá aprobar, denegar o modificar la  propuesta con la aceptación del contribuyente. Su resolución no será  recurrible;  

4. Este acuerdo surtirá efectos respecto de las operaciones realizadas  con posterioridad a la fecha en que se apruebe, y tendrá validez  durante los períodos impositivos que se concreten en el propio  acuerdo, sin que pueda exceder de los cuatro períodos impositivos  siguientes al de la fecha en que comience a surtir efecto. Asimismo,  podrá determinarse que sus efectos alcancen a las operaciones del  período impositivo en curso; y  

5. La propuesta a que se refiere este artículo podrá entenderse  desestimada una vez transcurrido el plazo de treinta (30) días a partir  de la solicitud, sin perjuicio de la obligación de resolver el  procedimiento de acuerdo con el numeral 3.  

Art. 103 Información y documentación.  

Los contribuyentes deben tener, al tiempo de presentar la declaración del  IR, la información, los documentos y el análisis suficiente para valorar sus  operaciones con partes relacionadas. Dentro del plazo de diez (10) días  hábiles, el contribuyente, a requerimiento de las Administración Tributaria,  deberá aportar aquella documentación e información. Dicha obligación se  establece sin perjuicio de la facultad de las Administración Tributaria de  solicitar información adicional, para lo cual podrá conceder un plazo de  hasta noventa (90) días cuando proceda. 

Art. 104 Principios generales.  

1. Los contribuyentes deben tener, al tiempo de presentar la declaración  del Impuesto, la información y el análisis suficiente para valorar sus  operaciones con partes relacionadas, de acuerdo con las  disposiciones de esta Ley;  

2. No obstante, el contribuyente sólo deberá aportar la documentación  establecida en esta sección, a requerimiento de la Administración  tributaria, dentro del plazo de cuarenta y cinco días desde la  recepción del requerimiento. Dicha obligación se establece sin  perjuicio de la facultad de la Administración Tributaria de solicitar  aquella información adicional que en el curso de las actuaciones de  auditoría considere necesaria para el ejercicio de sus funciones;  

3. La información o documentación a que se refiere esta sección deberá  elaborarse teniendo en cuenta la complejidad y volumen de las  operaciones. Deberá incluir, en todo caso, la información que el  contribuyente haya utilizado para determinar la valoración de las  operaciones entre entidades relacionadas y estará formada por:  

a. La relativa al grupo empresarial al que pertenezca el  contribuyente.  

b. La relativa al contribuyente.  

A los efectos de este capítulo, se entiende por grupo empresarial el  conjunto de partes relacionadas con el contribuyente que realicen  actividades económicas entre sí.  

4. Se podrá incluir en la declaración tributaria correspondiente la  solicitud de los datos relativos a operaciones relacionadas, así como  su naturaleza u otra información relevante, en los términos que  disponga la misma.  

Art. 105 Información y documentación relativa al grupo empresarial al que  pertenezca el contribuyente.  

La información y documentación relativa al grupo a que se refiere el  apartado II del artículo 16 de esta ley, será exigible en todos aquellos casos  en que las partes relacionadas realicen actividades económicas entre sí y  comprende:  

a. Descripción general de la estructura organizativa, jurídica y operativa  del grupo, así como cualquier cambio relevante en la misma  incluyendo la identificación de las personas que, dentro del grupo,  realicen operaciones que afecten a las del contribuyente; 

b. Descripción general de la naturaleza e importe de las operaciones  entre las empresas del grupo en cuanto afecten a las operaciones en  que intervenga el contribuyente;  

c. Descripción general de las funciones y riesgos de las empresas del  grupo en cuanto queden afectadas por las operaciones realizadas por  el contribuyente, incluyendo cualquier cambio respecto del período  anterior;  

d. Una relación de la titularidad de las patentes, marcas, nombres  comerciales y demás activos intangibles en cuanto afecten al  contribuyente y a sus operaciones relacionadas, así como el detalle  del importe de las contraprestaciones derivadas de su utilización;  

e. Una descripción de la política del grupo en materia de precios de  transferencia si la hubiera o, en su defecto, la descripción del método  o métodos utilizados en las distintas operaciones;  

f. Relación de los contratos de prestación de servicios entre partes  relacionadas y cualesquiera otros que el contribuyente sea parte o, no  siéndolo, le afecten directamente;  

g. Relación de acuerdos de precios por anticipado que afecten a los  miembros del grupo en relación con las operaciones descritas;  

h. Memoria del grupo o informe anual equivalente.  

Art. 106 Otras obligaciones del contribuyente.  

1. La documentación específica del contribuyente se exige en todos los  casos a que se refiere el artículo 94 y comprende:  

a. Identificación completa del contribuyente y de las distintas  partes relacionadas con el mismo;  

b. Descripción detallada de la naturaleza, características e importe  de sus operaciones con partes relacionadas con indicación del  método o métodos de valoración empleados. En el caso de servicios, se incluirá una descripción de los mismos con  identificación de los distintos servicios, su naturaleza, el  beneficio o utilidad que puedan producirle al contribuyente, el  método de valoración acordado y su cuantificación, así como,  en su caso, la forma de reparto entre las partes;  

c. Análisis de comparabilidad detallado de acuerdo con lo  dispuesto en el artículo 99; y 

d. Motivos de la elección del método o métodos así como su  procedimiento de aplicación y la especificación del valor o  

intervalo de valores que el contribuyente haya utilizado para  

determinar el precio o monto de sus operaciones.  

2. La documentación referida en este artículo podrá presentarse de  forma conjunta para todas las partes relacionadas, de acuerdo con lo  dispuesto en el artículo anterior siempre que se respete el grado de  detalle que exige el presente artículo.